Blueprint for Free Speech ha participado en la consulta pública abierta por el Ministerio de Justicia el pasado 7 de enero con el fin de recoger la opinión de personas y organizaciones afectadas por la Transposición de la Directiva Europea 2019/1937 relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del derecho de la Unión.

En España se están dando los primeros pasos hacia la transposición de la Directiva de la Unión Europea para la protección de los alertadores, que tiene que formar parte de la realidad legislativa nacional como muy tarde en diciembre de 2021.

Si algo quedó claro hoy en la tercera jornada del IV Congreso de Transparencia que se celebra telemáticamente fue la defensa que se hizo a favor de que los denunciantes puedan señalar de forma anónima irregularidades o mal funcionamiento de empresas o administraciones públicas.